El Gobierno ha elevado su oferta salarial para los Ministerio de Función Pública a un 11% acumulado para el periodo 2025-2028, tras el rechazo unánime de los principales sindicatos a la propuesta inicial del 10%. La nueva oferta, presentada el jueves, 20 de noviembre de 2025, en Madrid, supone un incremento de 2.000 millones de euros en el paquete total, que ahora asciende a 222.000 millones de euros para los más de tres millones de empleados públicos. Pero detrás de la cifra, hay divisiones profundas: mientras UGT ya ha validado la propuesta, CSIF amenaza con huelga si no se mejora la parte inicial del acuerdo. La secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, dejó claro: "No hay plan B".
El 11% no es lo mismo que un 11% en los primeros años
La clave del desacuerdo no está en el porcentaje total, sino en cómo se reparte. El Gobierno mantiene un límite del 4% para los años 2025 y 2026, lo que significa que la mayor parte del aumento —casi el 7%— se pospone hasta 2027 y 2028. Para muchos funcionarios, esto es un problema de supervivencia. "Si hoy ganas 1.800 euros y te suben un 4% en dos años, eso son 72 euros más al mes. Pero si la inflación sigue por encima del 3% anual, esos 72 euros se evaporan en menos de un año", explica un técnico administrativo en Valencia, que pidió mantener el anonimato. El cálculo de UGT es más optimista: aseguran que, con los ajustes por deslizamiento de tablas salariales, el aumento real alcanzaría el 11,5%, lo que permitiría recuperar más de dos puntos de poder adquisitivo. Pero CSIF no lo ve así.CSIF: "No es un acuerdo, es una apuesta contra el futuro"
Para CSIF, la propuesta es una apuesta arriesgada. "Si en 2027 hay un cambio de gobierno, ¿quién garantiza que se cumpla lo acordado para 2027 y 2028?", pregunta Milagros Dorronzoro, secretaria nacional de negociación del sindicato. Su postura es clara: el 4% para los próximos dos años es insuficiente, y si no se mejora, irán a la huelga. El sindicato ha emplazado al Ministerio a presentar una nueva oferta el lunes, 24 de noviembre de 2025, y ha dejado claro que no volverá a la mesa sin garantías jurídicas. "No queremos acuerdos que se deshagan con un cambio de ministros. Queremos derechos firmes, no promesas condicionadas", dijo Dorronzoro en una rueda de prensa.UGT: "Es lo mejor que podemos conseguir en este contexto"
Mientras tanto, UGT ha validado la propuesta. Su Consejo Federal, compuesto por todas las secretarías territoriales, aprobó la oferta tras analizar los números. "El 11% total, con los ajustes automáticos, nos permite recuperar casi todo lo perdido desde 2020", asegura un portavoz del sindicato. Para UGT, el contexto económico es clave: el déficit público sigue siendo un lastre, y el Gobierno no puede asumir un aumento más agresivo sin riesgos fiscales. "No es el acuerdo que queríamos, pero es el que se puede lograr ahora. Si rechazamos esto, el riesgo es que no haya nada", añade. UGT llevará un "sí" a la próxima reunión del lunes, confiando en que la presión de sus bases y la lógica económica terminen por imponerse.
CCOO: "No hay acuerdo sin la Administración del Siglo XXI"
CCOO no ha tomado decisión aún. Su postura es distinta: no se trata solo de salarios, sino de derechos estructurales. "No vamos a firmar un acuerdo salarial mientras sigan bloqueadas la jornada de 35 horas, la jubilación parcial o la clasificación profesional de los técnicos", afirma una fuente sindical. El Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en 2022, aún tiene pendientes de ejecución más de una docena de puntos clave. Para CCOO, el salario es una parte, pero no la única. "Si el Gobierno quiere que los funcionarios confíen en el sistema, tiene que cumplir con lo prometido. No podemos aceptar una subida si el resto del pacto se desmorona".El fantasma de la huelga de diciembre
La tensión crece. A principios de noviembre, los sindicatos amenazaron con una huelga general en diciembre si no se iniciaban las negociaciones. Ahora, esa amenaza se ha vuelto más concreta. Si el lunes, 24 de noviembre, no hay avances significativos —especialmente en los años 2025 y 2026—, CSIF ha prometido convocar paros selectivos en servicios esenciales. "No es una huelga por capricho. Es una huelga por necesidad", dijo Dorronzoro. Los sindicatos saben que la opinión pública no siempre apoya a los funcionarios, pero también saben que el cansancio acumulado, los salarios congelados durante años y la pérdida de poder adquisitivo han cambiado el clima. En ciudades como Sevilla, Barcelona o Bilbao, ya hay grupos de trabajadores organizando asambleas para decidir su próximo paso.
¿Qué pasó en 2022? El precedente que todos recuerdan
El último acuerdo salarial, entre 2022 y 2024, fue un modelo de equilibrio: un 10% acumulado, con una parte fija y otra variable ligada a la evolución del IPC. El Gobierno gastó cerca de 13.000 millones de euros, y aunque hubo críticas, el acuerdo se cumplió en su totalidad. Este nuevo paquete, con 222.000 millones de euros en cuatro años, parece más ambicioso en cifras totales, pero mucho más frágil en su estructura. La diferencia clave: en 2022, la inflación era del 10% y el país estaba en plena emergencia. Hoy, la inflación ha bajado, pero los salarios no han recuperado el terreno perdido. "El problema no es el dinero, es la confianza", resume un economista del IESE.¿Qué sigue? El lunes, 24 de noviembre, será decisivo
La próxima reunión, el lunes, 24 de noviembre de 2025, en Madrid, será la última antes de que se active el calendario de movilizaciones. Si UGT y el Gobierno llegan a un acuerdo, CSIF podría quedar aislado. Pero si no hay avances, las calles podrían llenarse de funcionarios en diciembre. El Ministerio, por su parte, no tiene margen para más ofertas. "No hay plan B", repitió Sánchez Naranjo. Y ahora, el peso de la decisión cae sobre los sindicatos. ¿Prefieren un acuerdo parcial con garantías de cumplimiento, o arriesgarlo todo por un aumento más inmediato, aunque sea más incierto?Frequently Asked Questions
¿Cuánto dinero supone el aumento del 11% para los funcionarios?
El aumento del 11% acumulado para el periodo 2025-2028 representa un gasto total de 222.000 millones de euros en retribuciones, frente a los 220.000 millones de la oferta inicial del 10%. Esto significa 2.000 millones de euros adicionales, distribuidos en cuatro años. El impacto real varía por categoría profesional, pero un funcionario de nivel medio podría ver un incremento de entre 80 y 150 euros mensuales al final del periodo, dependiendo de cómo se distribuya el porcentaje.
¿Por qué CSIF rechaza el 4% para 2025 y 2026?
CSIF considera que el 4% para los próximos dos años es insuficiente frente a la inflación residual y la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2020. Además, temen que un cambio de gobierno en 2026 o 2027 pueda anular los compromisos posteriores. Para ellos, un aumento mayor en los primeros años garantiza seguridad jurídica y una recuperación real del salario, no solo promesas a largo plazo.
¿Qué pasa si no se llega a un acuerdo el lunes?
Si no hay avances el 24 de noviembre, CSIF ha anunciado que convocará movilizaciones selectivas en diciembre, posiblemente en servicios esenciales como sanidad, educación y administración local. UGT y CCOO podrían unirse si el Gobierno no mejora su propuesta, lo que podría desencadenar una huelga general en el sector público, la más grande desde 2022.
¿Por qué UGT acepta el acuerdo aunque sea parcial?
UGT considera que, en el contexto económico actual —con presión fiscal y una economía en recuperación—, el 11% es el máximo viable. Además, los ajustes automáticos por deslizamiento de tablas salariales podrían elevar el incremento real al 11,5%, lo que les permitiría recuperar casi todo el poder adquisitivo perdido. Para ellos, es mejor un acuerdo real que una huelga que no garantice nada.
¿Qué otros derechos pide CCOO además del salario?
CCOO exige la ejecución del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, que incluye la plena implantación de la jornada de 35 horas, la recuperación de la jubilación parcial, la clasificación profesional de técnicos de grado medio y superior, y la modernización de los sistemas de promoción interna. Para ellos, sin estos cambios, cualquier subida salarial es una medida superficial que no soluciona la crisis de la función pública.
¿Cómo se compara este acuerdo con el de 2022-2024?
El acuerdo de 2022-2024 fue un 10% acumulado con una estructura fija y variable, y se cumplió íntegramente. El gasto fue de 13.000 millones de euros. El nuevo acuerdo es más grande en cifras totales (222.000 millones), pero más incierto: se reparte en cuatro años con un límite del 4% en los dos primeros. La diferencia clave es la confianza: en 2022, el país estaba en emergencia; hoy, el desafío es la credibilidad de las promesas futuras.