El Gobierno de Pedro Sánchez presentó el martes 25 de noviembre de 2025 a Teresa Peramato, fiscal con 35 años de trayectoria y jefa de la Sección Penal del Tribunal Supremo, como candidata a Fiscalía General del Estado. La propuesta llega tras la renuncia de Álvaro García Ortiz, quien dimitió el lunes 24 de noviembre tras ser condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por revelación de secretos reservados relacionados con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La decisión no fue casual: Sánchez activó el proceso apenas aterrizó en la base aérea de Torrejón de Ardoz a las 6:05 de la mañana, tras una gira africana. El ministro Félix Bolaños fue el encargado de presentarla formalmente, tras semanas de deliberación interna.
Una candidata con perfil político y profesional claro
Teresa Peramato, nacida en Salamanca en 1962, no es una figura nueva en el sistema judicial. Lleva décadas en la Fiscalía, y desde 2024 dirige la Sección Penal del Tribunal Supremo, un cargo clave en el que maneja casos de alto impacto político y económico. Pero su nombramiento no fue consensuado. Ni la Asociación de Fiscales (AF) ni la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) respaldaron su designación como jefa de sección. Sin embargo, su perfil político sí encaja con el del Ejecutivo: es presidenta de la Asociación Progresista de Fiscales y ha dedicado gran parte de su carrera a la lucha contra la violencia de género. Esa especialización, sumada a su condición de mujer, no pasó desapercibida en un día como el 25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Aquí no hay coincidencia. Es intención.El CGPJ, por unanimidad: un giro histórico
El miércoles 26 de noviembre, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dio su visto bueno por unanimidad. Nada menos. Por primera vez en años, el órgano —que en 2022 rechazó a García Ortiz por considerarlo no idóneo— avaló sin fisuras a la candidata del Ejecutivo. "Reúne los méritos y requisitos", dijo el informe. Y efectivamente: jurista española, más de 15 años de experiencia, prestigio reconocido. Pero lo realmente significativo es el contraste. En 2022, el CGPJ, dominado por la mayoría conservadora, se opuso a García Ortiz. Hoy, con una composición distinta, avala a una fiscal con clara identidad progresista. El mensaje es claro: el poder judicial ya no es un obstáculo para el Ejecutivo en este caso.La cuarta fiscal general de Sánchez
Con Peramato, Pedro Sánchez nombra a su cuarta fiscal general en apenas siete años y medio. La lista es reveladora: María José Segarra (2018-2020), Dolores Delgado (2020-2022), Álvaro García Ortiz (2022-2025) y ahora Peramato. Cada cambio ha estado ligado a una crisis: renuncia por salud, condena judicial, o presión política. El ministerio Bolaños lo dijo claro: "Es un compromiso feminista y de servicio público". Y sí, será la cuarta mujer en liderar la Fiscalía. Pero eso no la protege. Al contrario: su nombramiento la sitúa en una diana.Reacciones: cautela, escepticismo y rechazo
El Partido Popular no celebró. Miguel Tellado, su secretario general, lo dejó claro en un desayuno informativo: "Lo importante no es a quién nombra, sino quién lo nombra y si ha aprendido la lección tras la sentencia". La insinuación es dura: Sánchez sigue nombrando a sus hombres y mujeres sin criterio independiente. Por su parte, Irene Montero de Podemos fue más sutil: "Le deseo suerte, la respeto mucho... pero no quiero que sea un acantilado de cristal". La metáfora es contundente: ponerla en un puesto de alto riesgo, con la Fiscalía en crisis, solo para cumplir una bandera ideológica. El Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso rechazó la propuesta sin ambages: "Sánchez no está legitimado para nombrar a una nueva fiscal general". Y no se refiere solo a la condena de García Ortiz. Habla de la sombra de su pareja, Alberto González Amador, en el caso de fraude contra Hacienda.Lo que viene: la comparecencia en el Congreso
El proceso no termina aquí. Peramato debe comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Es un trámite, sí, pero no es un trámite formal. Es el escenario donde se juzgará su credibilidad. ¿Podrá defender su independencia? ¿Cómo responderá a las preguntas sobre su relación con el Ejecutivo? ¿Y sobre la presión política que, según críticos, ha moldeado su carrera? El Gobierno asegura que aún hay margen para que el cese de García Ortiz sea efectivo: deben esperar la sentencia íntegra y el plazo de ejecución. Recuerdan el caso de Magdalena Valerio, que tardó un mes y medio en ver anulado su nombramiento. Aquí, el tiempo es político. Y el mensaje es claro: no hay prisa. Pero sí una agenda.¿Por qué esto importa?
La Fiscalía General no es solo una institución técnica. Es un baluarte del Estado de derecho. Cuando se nombra a un fiscal general tras la condena de su predecesor por un delito de abuso de poder, el país entero mira. Y cuando ese nuevo nombre coincide con un símbolo feminista —y se elige en un día como el 25N—, la percepción se carga de significado. ¿Es un acto de justicia o de teatro político? ¿Una mujer competente en un puesto clave, o una figura decorativa en un momento de crisis? Peramato no puede elegir. Pero el país sí puede exigir claridad. Y eso es lo que viene.Frequently Asked Questions
¿Por qué se eligió a Teresa Peramato justo el 25 de noviembre?
La elección coincidió con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un gesto simbólico intencionado por el Gobierno. Peramato, con 35 años de experiencia y una trayectoria centrada en casos de violencia de género, es la primera fiscal general que asume el cargo en esta fecha. Aunque su perfil técnico es sólido, el timing refuerza la narrativa feminista del Ejecutivo, algo que algunos analistas consideran estratégico, pero que otros temen que reduzca su legitimidad a un símbolo.
¿Qué implicaciones tiene el aval unánime del CGPJ?
El respaldo unánime del Consejo General del Poder Judicial es inusual, especialmente tras el rechazo que sufrió García Ortiz en 2022. Ese cambio de postura refleja una nueva composición del órgano, más alineada con el Ejecutivo. Pero también sugiere que, por primera vez en años, el poder judicial no actúa como contrapeso en la designación del fiscal general. Esto podría debilitar la percepción de independencia del sistema, aunque técnicamente cumple con la ley.
¿Cómo afecta esto a la imagen de la Fiscalía General?
La sucesión rápida y vinculada a escándalos políticos —la condena de García Ortiz por revelar secretos del entorno de Isabel Díaz Ayuso— ha erosionado la credibilidad institucional. Aunque Peramato es una profesional respetada, su nombramiento en medio de una crisis de confianza genera dudas sobre su autonomía. Muchos fiscales internos temen que se convierta en una figura de transición, no de renovación. La Fiscalía necesita estabilidad, no simbolismo.
¿Qué papel jugó el caso de Alberto González Amador en la caída de García Ortiz?
García Ortiz fue condenado por revelar secretos reservados de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el marco de la investigación por fraude fiscal contra la presidenta madrileña. No se le acusó de corrupción directa, pero sí de usar información confidencial para influir en el curso de un caso político. Esa acción, aunque no fue criminal en sí, violó el deber de reserva y generó una percepción de sesgo político. El Supremo lo consideró un abuso de poder institucional, lo que forzó su dimisión.
¿Por qué el PP habla de "aprender la lección"?
El Partido Popular insinúa que Sánchez no ha corregido su tendencia a nombrar fiscales cercanos a su ideología, en lugar de buscar independencia técnica. Con García Ortiz, hubo un escándalo por vínculos con el entorno de Ayuso. Con Peramato, temen que se repita: una fiscal progresista, elegida por su alineación política, no por su neutralidad. Para el PP, el problema no es ella, sino el modelo de selección. Y eso, dicen, no ha cambiado.
¿Qué riesgos enfrenta Teresa Peramato en su nuevo cargo?
Peramato asume una Fiscalía en plena crisis de legitimidad, con múltiples investigaciones políticas abiertas y una opinión pública escéptica. Si no demuestra autonomía, será vista como una figura del Ejecutivo. Si se muestra demasiado dura con el Gobierno, enfrentará presiones. Su mayor riesgo es no tener espacio para actuar: ni como símbolo ni como institución. El peso de ser la cuarta mujer en el cargo es enorme. Y el escrutinio, aún mayor.